Desde hace un año y medio, Elisa Molina se encuentra presa en su casa de La Boca por un delito que, asegura, no cometió. La Justicia la acusa de haber intentado matar a su pareja y padre de dos de sus cuatro hijes, el 14 de febrero de 2020. Sin embargo, desde entonces ningún integrante del Poder Judicial la escuchó. Nadie prestó atención a la historia de violencia física, psicológica y económica que sufrió durante diez años y de la que no pudo escapar, siquiera para pedir ayuda. Tampoco escucharon su relato sobre lo que pasó aquel día en la que discutieron en la calle, él la agredió y ella se defendió revoleando una botella. En ningún momento su intención fue matarlo.

La semana próxima, el 11 y 12 de agosto, “los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N° 18 tendrán la gran oportunidad de demostrar que pueden escucharla por fin”, dice Jonhatan Cano, uno de los abogados que defenderá a Elisa en el juicio oral que está por comenzar y que ella seguirá de manera virtual por algún dispositivo que le presten las organizaciones barriales y feministas que la están acompañando. Las mismas que le dieron una mano todos estos meses y que ahora comenzaron la campaña “Absolución para Elisa”.

“Cuando las mujeres no jugamos el papel de buena víctima, la justicia nos transforma en victimarias; cuando nos defendemos de quienes nos violentan sistemáticamente, somos las denunciadas. Este es el caso de muchísimas mujeres en nuestro país hoy, y particularmente el caso de Eli”, arranca el comunicado con el que buscan visibilizar la situación de esta mujer de La Boca que tiene 37 años y cuatro hijes de 5, 12, 16 y 19 años, a quienes sostiene con esfuerzo desde siempre y ahora aún más desde que se encuentra en prisión domiciliaria preventiva.

Por ahora, Elisa no habló públicamente. Su voz se escuchará el miércoles próximo a través de la pantalla cuando comience el juicio oral que durará un par de audiencias de manera digital. Quienes decidieron poner palabras a su injusticia fueron las organizaciones Mala Junta-Soberana, Atrapamuros, El Sueñero y La Dignidad Confluencia, que sobre los hechos que se le imputan a Elisa relatan: “El 14 de febrero de 2020 fue el día en que Elisa dejó de callarse por miedo. Sin ánimo siquiera de lastimar, solo de frenar las violencias que venía (y viene) sufriendo hace años. Se la acusa de haberle arrojado una botella de combustible a su ex pareja para, supuestamente, intentar atentar contra su vida. La realidad de los hechos, sin embargo, señala que Elisa no tuvo ese objetivo ni antes, ni durante, ni después de lo ocurrido”. Su ex pareja no es querellante en la causa –nunca tuvo interés de participar de la acusación- y tiene una orden de restricción que le prohíbe acercarse a Elisa y a sus hijes.

Los abogados, que se sumaron a la defensa de Elisa en esta etapa y no pudieron incidir en la instrucción de la causa en la que ella contó con un defensor oficial, también están convencidos de su inocencia y que “en ninguna instancia judicial se ha podido probar tanto la materialidad del hecho como su responsabilidad penal”. También señalan que no hay testigos y que las pruebas “son endebles” y que hubo una serie de “irregularidades” que debieron anular el proceso. Apuestan a que los jueces del tribunal oral la escuchen y que “se den cuenta la injusticia que se está cometiendo con una persona no sólo inocente, sino víctima”.

Elisa está acusada de homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa y en caso de ser declarada culpable podría significar una pena de hasta 20 años de prisión. Pasó casi dos meses en el penal de Ezeiza y desde abril de 2020 está presa en su casa.

Nunca pudo denunciar la violencia de la que fue víctima. Su ex pareja la agredía sistemáticamente. Paolo Zaniratto, el otro abogado de Elisa, cuenta que “esta persona llegaba bajo los efectos del alcohol o algún estupefaciente y la agredía de manera reiterada. Por miedo, por vergüenza, por no saber cómo hacerlo o por querer mantener la familia nunca pudo denunciarlo”.