La acción judicial fue impulsada por el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC) y la agrupación Basta de Demoler. En un fallo dividido, con tres votos a favor de Alicia Ruiz, Inés Weinberg y Santiago Otamendi y dos en contra de Marcela De Langhe y Luis Lozano, el máximo tribunal decidió rechazar los recursos planteados por el Gobierno de la ciudad y la empresa TGLT, adquirida por la constructora de Nicolás Caputo.

El Gobierno y la empresa rechazaban la segunda sentencia judicial que declaró la nulidad de la Disposición N° 1856 de 2016 y del permiso de obra por exceder los límites de altura previstos por el Código de Planeamiento Urbano para el Área de Protección Histórico N° 1, correspondiente al Casco Histórico.

El Ejecutivo porteño autorizó la construcción de un edificio con una altura aproximada de 30 metros en una zona donde sólo se permiten 22 metros sobre la Avenida y 13 metros sobre Bolívar.

En el marco de la causa judicial iniciada por la Asociación Civil Basta de Demoler, en 2019, se declararon nulos los permisos de obra por ilegales en sentencia de primera instancia. Un año después, la Sala II de la Cámara en lo CAyT rechazó las apelaciones del Gobierno y la empresa TGLT y confirmó la sentencia.

Jonatan Baldiviezo, abogado de la causa y fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad y de El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, declaró que: "en la Ciudad existe una práctica sistemática por parte de la Dirección General de Interpretación Urbanística (DGIUR) para autorizar emprendimientos inmobiliarios violando el Código de Planeamiento Urbano o, el ahora vigente Código Urbanístico, con el único objetivo de permitir una mayor capacidad constructiva en los inmuebles y ganancias para los desarrolladores inmobiliarios sin considerar los derechos ambientales y culturales de los porteños”.

En este sentido, Baldiviezo explicó que “el Astor San Telmo es un caso ejemplar. Con el nuevo Código Urbanístico esta práctica ha mutado a lo que se llaman Convenios Urbanísticos, excepciones inmobiliarias que consiguen las desarrolladoras a través de leyes en la Legislatura porteña dando como contraprestación un monto de dinero”.