Se trata de 16 convenios urbanísticos firmados en los últimos dos meses por el Ejecutivo porteño y empresas privadas, a través de los cuales la Ciudad va a habilitar “casi 200.000 metros cuadrados construibles” en "desarrollos urbanos especiales" en los barrios de Núñez, Belgrano, Palermo, Colegiales, Villa Crespo, Almagro, Caballito, Boedo, San Cristobal, San Nicolás, San Telmo y Barracas.

Los convenios urbanísticos son excepciones a las normas de edificación vigentes, que el Estado otorga a los privados sobre terrenos puntuales de la ciudad, para que puedan construir más metros cuadrados de los permitidos, aumentando, por ejemplo, la altura.  A cambio de esos permisos, las empresas constructoras ofrecen una contraprestación monetaria al Estado y, en algunas ocasiones, le ceden una parte del terreno que les pertenece y sobre el que van a construir.

Además de aumentar la altura, algunos de estas excepciones incluyen Áreas de Protección Histórica (APH), como es el caso del acuerdo con la desarrolladora Nahuente SRL, que pretende construir torres de 72 metros en el terreno lindante con la Iglesia y el Monasterio de Santa Catalina, ambos declarados Monumento Histórico Nacional.

María del Carmen Arias Usandivaras, de la asociación Basta de Demoler, indicó que el convenio “es ilegal y está en contra de un amparo que obtuvimos en el 2013 y una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del 2016” que frenó la construcción de la torre.

Desde el Frente de Todos, en cambio, manifestaron su rechazo a los convenios, ya que, consideraron, no ven en ellos ningún beneficio para la ciudadanía, pero sí para empresas privadas.
"No tenemos diagnóstico sobre cuánto dinero va a obtener el privado mediante estos cambios de normas urbanísticas que los favorecen, por lo que no podemos saber si eso tiene relación con la contraprestación monetaria que ellos darán al Estado", dijo en la reunión el diputado Javier Andrade (FdT).

Por su parte, el legislador del Frente de Todos, Matías Barroetaveña, dijo: "Después de haber modificado el código urbanístico a su medida ahora proponen excepciones que generan torres de manera sorpresiva en toda la ciudad, sobre todo, en las zonas más densamente pobladas y de mayor valor". Añadió que "estas propuestas van contra el cuidado del ambiente, contra la calidad de vida, contra la estética de la ciudad y no resuelven ningún problema de los vecinos y vecinas".