Ley de catastro a medida del oficialismo

La Legislatura aprobó con mayoría oficialista el proyecto de Horacio Rodríguez Larreta para modificar la ley de Catastro, que regula la ubicación y la extensión de los inmuebles edificados y baldíos para poder inscribirse y comercializarse. Desde la oposición advierten que estos cambios abren la puerta a la construcción de barrios cerrados en la Ciudad.

Ley de catastro a medida del oficialismo

La iniciativa obtuvo 36 votos positivos de los bloques Vamos Juntos -que reúne al PRO, la Coalición Cívica y Confianza Pública- Socialista y el de UCR-Evolución, en tanto que recibió 20 sufragios en contra del Frente de Todos y las bancadas de la Izquierda durante la sesión ordinaria.

Desde la oposición consideraron que la reforma, remitida al Parlamento hace poco más de un mes, requería de más tiempo de debate, y la encuadraron dentro de las propuestas de Rodríguez Larreta "en beneficio de los desarrolladores inmobiliarios.  Además, solicitaron incorporar la prohibición para la radicación de barrios cerrados en el distrito, pero la bancada oficialista se negó a incluir la aclaración.

Es que, en la propuesta original, la iniciativa proponía la inclusión de las figuras "conjuntos inmobiliarios" y "propiedad horizontal especial", lo que disparó un alerta al entender que ello abría la posibilidad, a futuro, de habilitar los barrios con perímetro cerrado.

En consecuencia, la bancada oficialista de Vamos Juntos retiró de la redacción del expediente ambos términos; no obstante, la medida no convenció a los legisladores del FDT que solicitaron que quede explícito en el texto el impedimento para que puedan existir barrios cerrados y evitar así "una profundización del modelo desigual" en la Ciudad.

El legislador Matías Barroetaveña explicó que los cambios "permiten que existan polígonos con calles internas que no se cedan a la Ciudad, lo que claramente es una luz verde a la construcción de barrios privados”. "Esto muestra una vez más, el plan de apropiación que posee Larreta en beneficio de los desarrolladores privados, lo mismo que pretenden hacer en Costa Salguero y en los terrenos de la exciudad deportiva de Boca. No los llaman barrios privados, pero son eso", remarcó.

Por su parte,  la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, el Centro de Estudios Legales y Sociales y el Ministerio Público de la Defensa de Ciudad expresaron su "preocupación" por la reforma al considerar que podría generar "condiciones adversas para implementar de manera adecuada las leyes de reurbanización e integración socio urbana" en barrios populares.

"Entendemos que la falta de discusión sobre el proyecto de ley abre fuertes interrogantes acerca de las construcciones que no se encuentran en condiciones edilicias adecuadas y cómo el proyecto contribuirá o no a la titulación", indicaron en una carta enviada a la Legislatura.

Sobre este punto, el legislador porteño y vicepresidente del bloque del Frente de Todos, Javier Andrade, sostuvo que, si bien, el proyecto flexibiliza las exigencias para formalizar las viviendas en las villas de emergencia, abre la puerta a la especulación inmobiliaria.  “Si es más fácil escriturar las casas en las villas, sin que se haga un proceso de urbanización más profundo, lo que se habilita es que los desarrolladores inmobiliarios vayan después a comprar esas casas por un costo mucho más económico, justamente por las condiciones en las que estaría la zona”.    

Otro punto de la norma que genera polémicas es la costanera. Según Jonatan Baldiviezo, director del Observatorio por el Derecho a la Ciudad, la norma establece que “sólo la línea de la rivera es de uso público”. “Esto implica, el río y los pocos metros de playa que puede haber en algún lugar o una calle que se haga al costado del río, el resto sería de dominio privado en manos del Estado. Esa figura haría mucho más fácil el proceso de venta de predios como el de Costa Salguero y Punta Carrasco”, le dijo Baldiviezo a Diario Z.