El temario de la sesión tenía previsto el tratamiento de 16 convenios para la construcción de 16 nuevos edificios, uno de los cuales contemplaba la habilitación para una torre de 23 pisos en un predio situado en un Área de Protección Histórica lindante al monasterio y la iglesia de Santa Catalina. Cinco de ellos fueron retirados por falta de acuerdo dentro del interbloque de Juntos por el Cambio ya que, según señalaron a Télam, "no contaban con la documentación específica".

Los 11 restantes, obtuvieron 33 votos positivos de Vamos Juntos, UCR, GEN y Socialismo; 18 negativos del Frente de Todos, el Frente de Izquierda y Autodeterminación y Libertad, y cinco abstenciones de la Coalición Cívica.

Los convenios urbanísticos plantean, en su mayoría, la autorización a realizar cambios a la normativa actual que rige sobre esos predios para permitir construcciones de mayor altura y, por su parte, el privado entrega una contraprestación monetaria al Estado de alrededor de 36 millones de dólares.

Para el legislador del Frente de Todos (FDT) Matías Barroetaveña, “estos convenios son excepciones a la carta que profundizan este proceso aumentando el valor del metro cuadrado en función de la especulación inmobiliaria, alejando la posibilidad de acceder a la vivienda y aumentando los alquileres”.

“Luego de vender más de 500 hectáreas de tierras públicas ahora venden el aire duplicando la posibilidad de construir”, manifestó Barroetaveña y agregó que “estos convenios impactan también en la calidad del ambiente complicando la mitigación del cambio climático generando mayor efecto de isla de calor".

Los once predios contemplados en los convenios son: Campichuelo 644, San Juan 2502, Amenábar 1501, Díaz Vélez y Virasoro, Lafinur 3126, 11 de Septiembre 1535, Corrientes 3410, Corrientes 5761, Del Libertador 5723, Arcos 3631 y Arcos 1865.