Con un despliegue policial desproporcionado que incluye más de 100 efectivos de la policía de la Ciudad, distribuidos en varias cuadras alrededor de Vespucio 65, el juez Fernando Christello, a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 97, ordenó el desalojo de las familias que viven en el conventillo de La Boca. El operativo comenzó pasadas la 1 de la madrugada e incluyó la colocación de vallas por parte de personal de Defensa Civil porteña. También se encuentran en la zona autos de otra empresa de seguridad privada Grupo Pretoriano, cortando incluso algunas calles junto con móviles de la Policía de la Ciudad.

Mientras tanto, las familias acompañadas por organizaciones del barrio, legisladores y miembros de la Comuna, intentan que el Juzgado les otorgue una prórroga para conseguir un sitio donde mudarse y no quedarse en la calle. La Ciudad solo ofrece 6 mil pesos de un subsidio habitacional por familia, que obviamente no les alcanza para alquilar siquiera una habitación de hotel. 

Cintia, una de las vecinas desalojadas, contó que vive en Vespucio 65 hace 15 años. "La verdad que estamos pasando por un momento muy triste, porque hay muchos chicos. No es la primera vez que estamos reclamando que nos ayuden, y se nos complicó todo porque hay familias que no tienen trabajo. Hay familias que cobramos el 50 por ciento del sueldo. No tenemos donde irnos”, relató a Radio Gráfica.

Y agregó: “Nadie nos da ninguna respuesta. Vamos a acampar acá y hacer todo lo que podamos hacer por nuestra familia. Somos gente trabajadora pero todo lo que nos piden para un alquiler no alcanza en este momento. Con la pandemia se nos complicó el tema trabajo. Los chicos es lo que nos preocupa en este momento”.

El negocio de Comahue

En Vespucio 65 viven 22 familias en 18 habitaciones. Algunas, lo habitan hace más de 30 años; otras llegaron hace 10. Entre las paredes de chapa acanalada, sin gas y con humedad, crecen 40 niños y niñas. Con ellos y sus familias adentro, una empresa de seguridad privada compró el conventillo. Claro que no lo hizo para obtener una renta por los alquileres de las piezas: lo adquirió a un precio irrisorio -unos 50 mil dólares- para desalojarlo y extender sus oficinas que se encuentran del otro lado de la medianera. 

La empresa es Comahue SA, una de las cuatro que se reparten los contratos del Estado porteño para brindar seguridad privada a organismos públicos de la Ciudad. Y no sólo eso, su dueño aportó casi 700 mil pesos a la campaña presidencial de Mauricio Macri de 2015 aunque la ley de partidos políticos prohíbe expresamente que empresas proveedoras del Estado aporten dinero a las agrupaciones partidarias. Poco después de la donación, la empresa consiguió la renovación del contrato con el Gobierno porteño por más de 1.100 millones pesos, un 721% más que en los 4 años anteriores.

Lo que ocurre en Vespucio 65 no es una excepción en La Boca.  Y a tal punto es algo común, que las inmobiliarias publican, sin tapujos, avisos en diarios y portales donde las construcciones y las personas se vuelven invisibles: “Terreno en venta en La Boca – Martín Rodríguez 500. A una cuadra de la futura Universidad del Arte y del Proyecto Nueva Bombonera”, comienza un aviso publicado en Clarin.com por Tringali Propiedades. Pero al cliquear, el terreno se vuelve conventillo. Y aparece otro pequeño detalle: “Propiedad ocupada, sus ocupantes poseen sentencia de desalojo, salvo uno”, agregan como un dato “adicional”, casi al pasar. Venden 332 m2 a 145 mil dólares. Unos 436 dólares el metro cuadrado. “Una oportunidad imperdible”.

Vespucio es una calle de tan solo 5 cuadras. Tres de ellas bordean la vía del tren carguero, antiguo Ferrocarril del Sud, que aún cruza el Riachuelo por un pequeño puente levadizo y llega al sur bonaerense. Pero el dato más importante no es ése. Sino su cercanía a Caminito, uno de los centros turísticos más visitados de la Argentina, que está apenas a 300 metros del conventillo.

En Vespucio 65 todo iba bastante bien hasta que en febrero de 2014 se derrumbaron los techos de los baños de uso común que se encuentran en el patio de adelante. Ese día, todo cambió. Por una denuncia de un vecino se hizo presente Defensa Civil que, por el peligro, clausuró el lugar. El dueño, en el que muchos confiaban ya que lo conocían hacía tiempo, se reunió con los vecinos, planteó que se haría cargo del arreglo y coordinó una nueva reunión. Pero no volvió nunca más. La siguiente noticia la tuvieron en julio de ese año, cuando recibieron una cédula judicial donde se anunciaba el inicio del juicio de desalojo.  

“Nociari Guillermo contra ocupantes Vespucio 65/75”, dice la carátula del expediente que tramita en el Juzgado Civil 97. Nociari era uno de los dueños, heredero de herederos. Pero ya no lo es. Cuando las familias comenzaban a organizarse y a analizar posibles salidas -como comprar el conventillo entre todos, en base a la experiencia exitosa de otros vecinos de La Boca-, otra noticia cayó como balde de agua fría. “Una sociedad anónima compró el inmueble”, les avisaron desde la Defensoría Oficial de Marcelo Gaeta que los representa en el juicio. Y resultó que la S.A. era su vecina del fondo.   

Alarmas Comahue es una empresa cuyo domicilio legal se encuentra en la localidad de Tigre pero que tiene sede en Melo 428, exactamente del otro lado de la manzana del conventillo de Vespucio. El 23 de octubre de 2015 la compañía compró las 2/3 partes del inmueble a Juan Carlos Rovegno y Blanca Lamberti, por 400 mil pesos. Y casi un año después, en septiembre de 2016, adquirieron la 1/3 parte restante por la que pagaron otros 400 mil, a los otros dos herederos, Guillermo y Marcelo Nociari. Un total de 700m2, según consta en las escrituras.

Las 22 familias que viven en el inmueble se enteraron de la venta, recién en mayo de 2017. Como cientos de otras familias de La Boca, las de Vespucio 65 se encuentran indefensas frente a una demanda de desalojo en la que son acusados de “intrusos”. El cobro de alquileres sin recibos ni contratos legales son una de las razones de esa vulnerabilidad. La necesidad habitacional y el escaso acceso a la información y a sus derechos, son parte del mismo entramado. En ese contexto, la especulación inmobiliaria avanza sin freno. Mientras los beneficios del Estado para ese sector del mercado, empujan para que no decaiga. El costo social no está en la mira de nadie. Donde había conventillos, ahora hay terrenos; y donde se hace de terrenos, la construcción comienza a avanzar.

Con sólo recorrer el barrio y levantar la mirada, los carteles de obra se multiplican: Queen Caminito (complejo con piscina y amenities) o Filiberto Apart (Proyecto inmobiliario, cultural y turístico), son sólo algunos de los “desarrolladores” que se verán beneficiados con hasta un 25% de su inversión gracias al “Distrito de las Artes”.