A principios de 2020 incorporamos el barbijo, el lavado de manos obsesivo y el distanciamiento físico. Nos deshicimos de hábitos muy arraigados en la cultura local: dejamos de compartir el mate, de abrazarnos y de saludarnos con un beso. Aprendimos rápidamente que el virus se ensañaba en especial con las y los adultos mayores, y con personas con algunos tipos de comorbilidad. Al poco tiempo, la pandemia expuso las desigualdades estructurales que ya todos conocemos y que nunca se resuelven: en las villas de la ciudad, el agua potable es un lujo, la distancia física imposible y el Estado, muchas veces, solo se hace presente en su faceta coactiva.

 “En marzo de 2020, el grupo de promotoras de salud de las organizaciones, junto con la iglesia, y los y las trabajadores/as de los CESAC empezamos a pensar de qué manera enfrentar al Covid”, cuenta Alejandra Abregu, promotora social de la villa 21-24, a Sur Capitalino. Una de las primeras medidas que acordaron fue solicitar programas asistenciales para las personas mayores de la 21-24 y Zavaleta: “Muchos de ellos viven solos, en habitaciones alquiladas en muy malas condiciones. Muchos no cuentan con PAMI, porque no son jubilados ni pensionados. Algunos son extranjeros sin residencia y no acceden a la previsión social. Otros trabajaron toda su vida en negro. Así que pensamos que lo primero que teníamos que saber era cuántos abuelos teníamos en el barrio y cómo los podíamos ayudar”.

Así comenzaron a censar las 66 manzanas del barrio. “Salimos a patear sin descanso, y logramos relevar a 1200 abuelos. Muchos no contaban con ningún familiar que pudiera asistirlos. Otros estaban a cargo de sus nietos. Sólo una minoría podía contar con la ayuda de sus hijos”, cuenta Abregu.

Con el relevamiento finalizado, se pusieron en contacto con el IVC, y luego de varias reuniones empezaron a recibir cajas y bolsones de alimentos, que las organizaciones se encargaban de repartir con sus propias carretillas.

“Entre mayo y septiembre todo funcionó bien”, señala Abregu. “Pero en octubre empezaron a correr los rumores de que la ayuda iba a terminar porque ya estaba todo más ‘controlado’. Les dijimos que no podían cortar el programa porque la pandemia sigue, y los abuelos cuentan con esa ayuda. En noviembre dejaron de atendernos y el 5 de diciembre fue la última vez que recibimos bolsones”.

A fines de diciembre intervino la Secretaría de Integración Social para Personas Mayores, a cargo de Sergio Costantino. A las promotoras de salud les prometieron que la asistencia continuaría: pero en lo que va del año se hicieron tres entregas (menos de una por mes, mientras que en 2020 la entrega fue quincenal).

Ahora el GCBA está realizando un nuevo relevamiento, con sus propios criterios. Según las promotoras, a partir de este relevamiento toda persona mayor que cobre pensión o jubilación o tenga un/a hijo/a que pueda ayudarlo, no será beneficiado con el programa. En el caso de matrimonios o ex matrimonios, solo recibirá asistencia alimentaria uno de los dos cónyuges.

En virtud de estos criterios, resulta valioso repasar que la jubilación mínima en mayo fue de 20.571 pesos, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor de 16.457 pesos. Por su parte, la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad situó la Canasta Alimentaria de abril en 17.243 pesos para un hogar compuesto por una “pareja de adultos mayores, ambos económicamente inactivos, propietarios de la vivienda”. La Canasta Total se situó en ese mes en 38.494 pesos.

Mientras la Secretaría para Personas Mayores finaliza el relevamiento, las promotoras de salud -aún no incluidas dentro de la campaña de vacunación de la Ciudad por no ser considerada esenciales- siguen trabajando en las postas de salud, acompañando a las personas adultas mayores y empadronando vecinos para la vacunación. El hambre tendrá que esperar.