La Cámara de Apelaciones porteña ratificó el fallo de primera instancia que ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) completar el catálogo de inmuebles construidos antes del año 1942 para garantizar su protección patrimonial. Se trata de un listado previsto por ley pero que nunca se terminó de elaborar, incumplimiento que deja un vacío legal para el avance de las demoliciones en esos edificios, que se calculan en más de 140 mil.

Mientras no complete el catálogo, el GCBA no podrá autorizar demoliciones de esos inmuebles, a menos que el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP) lo habilite particularmente.

El fallo lleva la firma de los jueces Pablo Mántaras, Carlos Balbín y Fabiana Schafrik de la Sala N°1 de la Cámara, que rechazaron la apelación presentada por el GCBA tras el fallo original de abril del año pasado, emitido por el juez de primera instancia Aurelio Luis Ammirato.

Ahora, los camaristas sostuvieron que "se vencieron" los plazos establecidos por ley para llevar a cabo la catalogación de los inmuebles y que el GCBA "no había acabado el relevamiento" en los 15 años que transcurrieron desde la aprobación de la norma. "Es dable afirmar que el Gobierno incurrió en una omisión ilegítima en el cumplimiento de sus funciones de resguardo respecto de tales bienes", escribieron los jueces.

La Ley N°3.056 fue aprobada por la Legislatura porteña en 2009 para modificar el procedimiento de Promoción Especial de Protección Patrimonial (PEPP) creado por otra ley de 2007. 

Desde entonces, sin embargo, sólo se realizó un relevamiento mediante un acuerdo con la Facultad de Arquitectura de la UBA, que encontró un universo de alrededor de 141 mil edificios previos a 1942. En el fallo, los jueces indican que en el Listado de Inmuebles Catalogados por el Código Urbanístico se hallan incluidos sólo 5800 de ese total. "Esa cifra y el silencio del Gobierno acerca de la existencia de un catálogo completo de bienes sujetos a protección patrimonial constituyen la prueba suficiente y que permite tener por configurada la omisión en el cumplimiento de sus deberes constitucionales respecto del resguardo del patrimonio histórico, arquitectónico y cultural local", sentenciaron los jueces. 

Los fallos responden a una causa iniciada ante el incumplimiento del GCBA por organizaciones de la sociedad civil, como el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), Basta de Demoler (BdD), la Fundación Ciudad y SOS Caballito, que ahora celebraron la confirmación de Cámara como una nueva "victoria judicial". 

Fuente: Página 12