El informe elaborado por la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires sobre el relevamiento al Programa Detección, Protección y Asistencia a las Víctimas de Trata de Personas (Ley 2781), fue realizado por el auditor general de la Ciudad por el Frente de Todos, Lisandro Teszkiewicz.
 
Tras analizar el año 2020 de la gestión, Teszkiewicz explicó que “los problemas empiezan en el presupuesto y llegan a todos lados, cuando uno lee la Ley de presupuesto se encuentra que las actividades que prevé la Ley 2781 para detección, protección y asistencia a víctimas de trata no están presentes en el descriptivo presupuestario, es decir no están contempladas en la asignación de recursos”.

Ese año el presupuesto bajó un 94 por ciento con respecto al 2019. “Lo que se imputó al programa durante 2020 fueron 330 mil pesos. Pero la Legislatura sancionó 7 millones 58 mil pesos. El Ejecutivo, a través de las reasignaciones presupuestarias, lo redujo a 416 mil pesos y en efecto gastó 335.476", explicó el auditor. Entonces, cuando se les pregunta qué porcentaje del presupuesto utilizaron, responden el 80 por ciento. Pero es el 80 por ciento de 416 mil pesos”.

Además, el programa no cuenta con trabajadoras/es sociales y la asistencia profesional depende de la articulación con otras áreas de gobierno. Tampoco hay acciones que promuevan la inclusión laboral y social de las víctimas con el fin de potenciar su autonomía.

En 2021, de acuerdo a un análisis elaborado por el legislador porteño del Frente de Todos, Matías Barroetaveña, el presupuesto asignado fue de 712.544 pesos, un 90 por ciento menos que en 2020 y en 2022, 420 mil pesos, es decir un 58 por ciento menos que en 2021.

“Es llamativo que los montos por intervención se reduzcan tanto de año a año, cuando la formulación del programa es idéntica, alcanzado para el 2022 la irrisoria cifra de 210 pesos por cada intervención, cuando en 2020 llegó a $25.208”, planteó el legislador.
 
Desde la Comisión Especial de Trata de la Legislatura porteña, su presidenta, la legisladora Claudia Neira, informó que para 2020 y 2021 la cantidad de intervenciones esperadas era de 280. Para 2022 esas intervenciones aumentaron a 2.000, sin un consiguiente aumento presupuestario.
 
“Si la política de atención no va a verse plasmada en términos presupuestarios, por lo menos debería verse en hechos concretos como acceso al subsidio habitacional, asistencia jurídica, asistencia psicológica, asistencia médica, etc. Y sin ningún tipo de barrera ni imposición burocrática que ralentice los tiempos”, dijo Neira.