Entre los 120 trabajadores y trabajadoras despedidos había abogados, trabajadores sociales, psicólogos y personal administrativo  que se desempeñaban en los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) de todo el país.  Más de una veintena lo hacían en dependencias de la Ciudad de Buenos Aires en barrios como Constitución, Soldati, Floresta, Caballito, Villas 15 / 31 / 1-11-14 / 21-24, La Boca y Once.

Los Centros de Acceso a la Justicia son oficinas que brindan servicios de atención legal primaria gratuita en temas de seguridad social, familia, trabajo, documentación, entre otros. Tienen presencia en todo el país y cuentan con equipos interdisciplinarios de profesionales: abogados, trabajadores sociales, psicólogos y personal administrativo. Sin explicaciones ni contactos personales, estos trabajadores y trabajadoras -algunos con más de 15 años de servicio- fueron despedidos sin criterio ni justificación.

“Esta situación es preocupante, ya que deja en evidencia la falta de consideración hacia los trabajadores y la comunidad en general. Los Centros de Acceso a la Justicia cumplen un papel fundamental en la sociedad al brindar asistencia legal y social a quienes más lo necesitan, especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad”, señalaron los coordinadores del CAJ.

“Están despidiendo profesionales de calidad en los CAJs por orden de Libarona. La chantada siempre sobrevive en la oficina, porque eso quieren: malos profesionales en un Estado lumpenizado para atender a un pueblo dormido. La descapitalización de las instituciones es brutal”, planteó a través de la red X  la abogada Gabriela Carpineti, ex directora nacional de Acceso a la Justicia.

En la Villa 31, por ejemplo, el miércoles desactivaron los usuarios de gestión de la sede Galpón (sector bajo autopista) de una administrativa y mediadora comunitaria y de una trabajadora social. Lo mismo sucedió con la oficina del CAJ del barrio Güemes, en la cual uno de los trabajadores no pudo acceder a la herramienta de gestión por tener el usuario desactivado. Con esta decisión, los Centros de Acceso a la Justicia se quedaron sin trabajadores sociales que puedan firmar los informes sociales y sin una persona que realiza las mediaciones comunitarias, que ya tienen demora fruto de la alta demanda.

“Quieren vaciar la política pública de acceso a la justicia en los barrios vulnerables de todo el país”, señalaron los trabajadores.

Fuente: El grito del sur