El organismo invocó el artículo 19 de la Ley de Sociedad Comerciales, que establece que "cuando la sociedad de objeto lícito realizare actividades ilícitas, se procederá a su disolución y liquidación a pedido de parte o de oficio", para solicitar este jueves la “acción de nulidad por simulación” ante la justicia.

La empresa Dakota junto a BRD–SEC operó el servicio de acarreo en la Ciudad durante 20 años y con la concesión vencida desde fines de 2001. Además de arrastrar esa irregularidad, pagaban un canon irrisorio al Ejecutivo porteño que fue congelado en 2014.

A principios de enero, la IGJ realizó una inspección al domicilio declarado por "Dakota" y no encontraron señal alguna de la empresa, aunque días después se presentó una empleada del estudio "Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen" con registros incompletos de las actividades de la firma.
El organismo de control detectó una transferencia de competencias al accionista Marcelo Violante, quien desde hace 20 años es el "controlante exclusivo de la firma" y percibe una remuneración "muy superior a la de los restantes directores".

Recordemos que el nombre del empresario resonó cuando se filtraron unos chats del teléfono del ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, en 2019. En uno de los mensajes, Violante le escribe a D'Alessandro para asegurarle que "no pudo juntar todo" y que "antes de fin de mes te integro el 100 por ciento". El empresario le asegura que tiene "60 verdes" en "dos sobres abiertos de 30 verdes cada uno" y "50 lucas que están descubiertas", aunque aclara que esas "50 lucas son argentinas". 

En otro de los mensajes menciona directamente al jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, cuando le pregunta al Ministro si le "da para proponer negocios a Horacio", el ministro le responde que sí y el empresario le pide verse la semana siguiente cuando él quiera.

La presentación de la IGJ estuvo acompañada de un informe de 78 páginas donde se detalla todas las irregularidades. En 2014 la empresa cobraba 350 pesos para liberar los vehículos secuestrados y a fines de 2022 cobraba 6.525 pesos, mientras el canon que pagaba la empresa siempre fue de 55.000 pesos. Sin embargo, hubo ejercicios con más pérdidas millonarias.

Otro dato que se desprende del informe, es que desde 2018 no presentaban los estados contables y no pagaron las tasas durante todo ese período. 

Para poner fin a la vergonzosa concesión, en agosto del año pasado se conformó un frente “antigrúas” en la Legislatura conformado por los distintos bloques opositores y pasó de forma transitoria a manos del Estado. Desde entonces, el Gobierno porteño postergó las licitaciones y la apertura de sobres, que se concretó recién esta semana.