La Boca acumula años de deterioro. En 2006 la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires declaró al barrio en emergencia ambiental y urbanística. Sin embargo, a pesar del tremendo reconocimiento, durante sus últimas cuatro administraciones el Poder Ejecutivo porteño no hizo absolutamente nada para revertirla. Incluso, puso en marcha políticas públicas como la creación del Distrito de las Artes que no hicieron más que empeorar la situación. En este contexto y tras la presentación de un recurso de amparo colectivo, la justicia le ordenó al Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta que cumpla con la ley. Para eso, en marzo del año pasado se conformó la Unidad Ejecutora. Encargada de confeccionar un plan para revertir la crisis de vivienda, espacios verdes, infraestructura y servicios, en diciembre presentó un programa al Ejecutivo que ahora deberá dar una respuesta.

El plan es el resultado de un trabajo conjunto entre diferentes ministerios de la Ciudad más representantes de la Comuna 4 y del Consejo Consultivo comunal. Nueve meses de reuniones, diagnósticos y propuestas para salir de la emergencia. La participación de las y los vecinos fue muy importante. Imprescindible. El Consejo creó una comisión especial que trabajó en torno a cuatro ejes: Vivienda y hábitat, Ambiente y espacios verdes, Desarrollo productivo, y Equipamiento y servicios. “El trabajo se dividió en tres etapas: la primera consistió en la recopilación de antecedentes, que funcionó como base para el diagnóstico que conformó la segunda etapa. En la tercera y última etapa, se dejaron planteados los lineamientos para la elaboración de proyectos a corto, mediano y largo plazo”, explicaron desde la Secretaría de Urbanismo que depende de Jefatura de Gabinete porteño y fue designada como coordinación de la Unidad Ejecutora.

Ignacio Álvarez es el presidente de la Junta de la Comuna 4 y cuando asumió en 2019 tomó la decisión de que la comuna sea parte de la causa judicial. “El proceso fue un poco lento, queríamos terminar en 180 días, pero no se logró –consideró-. Ahora tenemos expectativas para que este año se pueda avanzar en hechos concretos y empezar a ejecutar obras, programas y todas las herramientas necesarias para que el barrio comience a salir de la emergencia que acumula desde hace tantos años”.

El defensor oficial de la Ciudad, Ramiro Dos Santos, coincide en el balance y la perspectiva para este año: “Es destacable que se haya logrado constituir la Unidad Ejecutora después de tantos años de incumplimiento. Ahora lo que se requiere y está por verse es si habrá voluntad política del Ejecutivo para llevar adelante estos programas”. Primero con Dos Santos, y ahora con el defensor Patricio Cánepa, el Ministerio Público de la Defensa es parte del expediente judicial en representación de les vecines.

“Estamos conformes con el proceso hasta acá y con el programa que se presentó –señaló a Sur Capitalino Natalia Quinto, vecina representante del Consejo Consultivo en la Unidad Ejecutora e integrante de La Boca Resiste y Propone-. Ahora viene la otra etapa de la batalla que es lograr que todo eso se cumpla”.

Uno de los primeros pasos que deben darse para caminar hacia la aplicación efectiva de la ley 2240, es la realización de un relevamiento exhaustivo sobre la realidad habitacional del barrio: hacinamiento, problemas estructurales, acceso a servicios, tenencia de las viviendas. El relevamiento es parte del plan que ahora tiene Larreta en sus manos. Sobre esa información, actualizada y concreta, se podrán asentar las políticas de corto a largo plazo.

Las medidas más urgentes son parte de la causa que lleva la jueza en lo Contencioso de la Ciudad, Romina Tesone, y avanzan por un camino paralelo a la discusión de fondo sobre la implementación de la ley de emergencia como así también del artículo 29 de la ley del Distrito de las Artes que la Ciudad tampoco cumplió. Entre esas herramientas imprescindibles para atender la contingencia en el mientras tanto, están el protocolo de acompañamiento a las víctimas de incendio, y los programas de prevención de incendios y de atención temprana en desalojos. Desde hace algunos meses, la jueza tiene estos papeles para evaluarlos y dictar la cautelar.

Según la experiencia de las organizaciones que trabajan todos los días en el barrio, la cantidad de desalojos y de incendios vuelve prioritario que existan un área y un canal específicos de atención las 24 horas los 7 días de la semana. Pero para quienes son parte de la Unidad Ejecutora, uno de los obstáculos es el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat y el Instituto de la Vivienda, dos de las dependencias que tienen más reticencias a aceptar la sentencia e implementar la ley. “En todo este tiempo, el IVC y Desarrollo pusieron un freno a todo. Fue muy difícil sobre todo la cobertura de las emergencias que fueron surgieron estos meses, incendios, desalojos”, repasa el comunero Álvarez.

Un ejemplo alcanza: en septiembre pasado, una mujer mayor murió durante un incendio en un conventillo en Palos y Aristóbulo del Valle. El fuego se generó en un accidente doméstico por la reparación de una moto que estaba realizando su hijo. Ese día, el Gobierno porteño no cumplió con ningún protocolo. Ni el que funciona en la ciudad ni el específico que presentó en el expediente. Días después, el representante del Ministerio de Desarrollo (des) Humano explicó cómo se decidió no enviar al BAP al lugar: “Dijo que como la señora ya había fallecido y el hijo había sido llevado al hospital no hacía falta la asistencia –se indigna Quinto, presente en la audiencia-. Es decir, él decidió de manera autónoma que el resto de las familias que, por ejemplo, habían tenido que apagar a su vecino prendido fuego en el patio, no necesitaban asistencia psicológica” y aclara: “Los recursos existen, no usarlos es una decisión política”.

Entre los datos que el IVC informó en la Unidad Ejecutora, hay varios que llamaron la atención. Uno es el reconocimiento de que hay 17 cooperativas de vivienda que tienen terrenos propios en el barrio, pero nunca recibieron fondos para construir a través de la ley 341. “Primero dicen que no se llevaron a cabo por falta de presupuesto y después plantean que esa información es un error y que en realidad no se terminaron por cambios en el código urbano, cuando hay cooperativas que tienen terrenos desde 2002 o 2004”, explica Quinto. Y suma: “desde el IVC también insisten en mostrar el trabajo tarde y malo que hicieron con el programa Recup Boca cuando en realidad es una condena firme en otro expediente y hoy solo afecta a 12 conventillos”.

“La expectativa es que se empiecen a impulsar los proyectos, que tengan el presupuesto adecuado y la voluntad de llevarse adelante, y que la comunidad se involucre”

El problema de acceso a la vivienda es más que evidente y debe ser abordado, por ejemplo, con créditos según las posibilidades de las familias. Pero también cumpliendo con leyes y programas de vieja data que nunca se aplicaron y con la articulación de políticas que se proyectan mal y aisladamente. Consultados por Sur Capitalino, el IVC no respondió para esta nota.

Además de la situación habitacional, el barrio necesita reforzar los servicios públicos de salud y educación, y mejorar la enorme degradación del espacio público en cuanto a la recolección de residuos, la iluminación, los espacios verdes. Dos proyectos de la comunidad esperan desde antes de que exista la Unidad Ejecutora: ampliación del CESAC 41 y construcción de un nuevo jardín de nivel inicial en la esquina de Brown y Suárez donde murieron seis niños hace 14 años en un incendio.

Sobre llovido, mojado

La grave situación que llevó a les legisladores a declarar al barrio en emergencia en 2006, empeoró a partir de 2012 cuando se aprobó la ley 4353 que creó el Distrito de las Artes. “Con los diagnósticos y el estado de situación que presentaron las distintas áreas del gobierno en la Unidad Ejecutora ya nadie puede tener dudas: el Distrito impactó directamente y presionó de manera certera sobre el mercado de alquileres y la diversificación del parque habitacional, agravando la situación de emergencia. La nueva política pública empeoró la situación”, explica Quinto. La ley tiene un artículo, el 29, que está destinado a paliar las consecuencias del crecimiento de los negocios inmobiliarios en el barrio que las y los vecinos advirtieron que iba a ocurrir cuando la ley del Distrito era sólo un proyecto. El artículo es el único de toda la norma que el Gobierno porteño no aplicó en estos diez años. Mientras tanto, los desalojos de cientos de familias volvieron a acelerarse después del freno obligado que les puso la pandemia.

“No queremos un barrio estático, conventillos compartiendo baño con 20 familias, queremos el mejoramiento de esas viviendas, que las familias tengan acceso a créditos, que a las viviendas les lleguen los servicios. El barrio está colapsado. Cada 3 cuadras tenés cloacas desbordadas. Y eso es por la mala distribución habitacional, no porque no tenga inmuebles. Está demostrado que espacio físico e inmuebles hay para trabajar en la distribución y diversificación del barrio de una mejor manera, optimizando los recursos. Hay posibilidad de que todos convivamos en un barrio que progrese, pero involucrando a todos, los que quieran llegar y los que viven desde siempre”, destaca.

En febrero la Unidad Ejecutora retomará las reuniones ya con la mirada puesta en lograr que el plan para que La Boca salga de la emergencia ambiental y urbanística se ponga en marcha. “No hay que perder de vista que el cumplimiento de la ley se vincula a un trabajo colectivo, donde intervienen distintos actores, que es a largo plazo y que se trata de problemas complejos. En ese marco, la expectativa es que se empiecen a impulsar los proyectos que surgen de los lineamientos en las distintas áreas, que tengan el presupuesto adecuado y la voluntad de llevarse adelante, y que la comunidad se involucre, porque es muy importante la participación”, suma el defensor Ramiro Dos Santos.

Para quienes viven en el barrio la letra de una ley quizás se vuelve difícil e inalcanzable. Sin embargo, las consecuencias de su falta de aplicación sí se sufren a diario. Si finalmente el Gobierno porteño cumple con la orden de la Justicia, La Boca podrá tener más vacantes en las escuelas, turnos en los CESAC, acceso a equipamiento deportivo y programas culturales para les pibis, espacios verdes en buenas condiciones, menos incendios y más contenidos, asistencia para que las familias desalojadas no queden en la calle; en conclusión, un barrio donde entre todes.