La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió que las protestas y medidas de fuerza realizadas durante 2025 por médicos, profesionales, técnicos y trabajadores del hospital del Hospital Garrahan no constituyeron delito.

Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) celebraron el fallo y señalaron que la decisión desestima las denuncias presentadas por el director del Garrahan, Mariano Pirozzo, designado por el ministro de Salud, Mario Lugones.

“Quedó en claro que no hubo ningún delito en las protestas realizadas por el equipo de salud durante todo el año pasado”, sostuvieron desde el gremio, al destacar que la Cámara ratificó la resolución del juez instructor que había archivado las actuaciones por inexistencia de delito.

La secretaria general de la APyT, Norma Lezana, afirmó que los distintos pronunciamientos judiciales “les fueron dando la razón” y destacó la intervención de la jueza federal María Servini en otro expediente vinculado a la situación del hospital.

Según explicó, la magistrada investiga el sumario administrativo iniciado contra unos 40 trabajadores por participar de las protestas y convocó a distintos involucrados para conocer de primera mano lo ocurrido.

Lezana también cuestionó con dureza la gestión de Mariano Pirozzo, a quien acusó de impulsar una intervención «netamente política» en el hospital. Además, sostuvo que existe un proceso de vaciamiento institucional, denunció designaciones de asesores con altos salarios y aseguró que las autoridades buscan avanzar con la privatización de distintas áreas del Garrahan.

La dirigente gremial afirmó además que fue objeto de un nuevo sumario por su actividad sindical y consideró que las medidas disciplinarias constituyen una forma de persecución contra quienes encabezaron los reclamos.

En ese marco, remarcaron que el fallo de la Cámara de Casación se suma a una resolución previa del juez laboral Herman Mendel, quien también había sostenido que “protestar no es delito” en el contexto del conflicto del Hospital Garrahan. “La protesta es un derecho de los trabajadores y estos fallos ratifican que ejercerlo no constituye un delito”, concluyó Lezana.