En la Ciudad alrededor de 1.300 concurrentes trabajan en el sector público. Son graduados que tienen que haber finalizado sus carreras en los últimos cinco años. A diferencia de los residentes, los concurrentes no cobran salario, ART ni obra social. Trabajan medio tiempo y hacen prácticas -y teóricos- en los hospitales. El proceso dura cinco años y es una especialización, una formación de posgrado.

La propuesta que el gobierno porteño viene comunicando de modo informal es que en lo sucesivo estos posgrados sea arancelados y se realicen en las facultades, públicas o privadas, y en las asociaciones de profesionales. 

“Nadie tiene claro de que se trata la nueva propuesta. Y aunque lo estuviese, hay un punto insalvable y es el de la asistencia. Las residencias, después de tantos años, ocupan un lugar real en el sistema público de salud. Es un sistema en buena medida sostenido por los concurrentes. Por eso los coordinadores de los hospitales ahora también prendieron las alarmas”, explicó a Diario Z el psicólogo, Ignacio Sanguinetti, residente del Hospital Álvarez y referente de la asamblea.     

Según los datos difundidos por la Asamblea, la reducción de las concurrencias fue mayor del 50%. Pasó de 344 puestos a 153. Y si la comparación se hace con el 2019, el descenso es aún mayor, ya que ese año, previo a la pandemia, hubo 519 vacantes.

Comenzarán un plan de lucha que arranca hoy con una conferencia a las 11 en el Centro de Salud Mental n°3 Ameghino. Exigen la reapertura de los 150 cargos que se cerraron este año y la defensa de los más de 1000 que siguen en actividad, así como la totalidad de derechos laborales para los y las compañeras.