La telaraña de cables hirviendo sigue ahí. Una década atrás, los vecinos de la villa 21-24 de Barracas, cansados de apagones y peligros, denunciaron al Gobierno porteño y, ante la Justicia, pidieron obras y un plan de electricidad segura. Desde hace dos años hay sentencia definitiva, pero también incumplimiento. En el medio, hubo más cortes y hasta una muerte. Ahora, en pleno aislamiento y ya entrado el invierno, en pocos días hubo más de 33 cortes de luz y seis incendios, sumado a que explotaron cinco de los siete transformadores. Los vecinos cortaron calles, protestaron, hicieron una marcha de antorchas frente a la Jefatura de Gobierno. “No estamos tranquilos, mañana puede reventar todo”, lamentan desde la Junta Vecinal.

“Es muy difícil llevar la cuarentena. Hay baja tensión que puede arruinarte los electrodomésticos. Si no, te cortan la luz y tenés que tirar lo poco que hay en tu heladera. Hay vecinos con motores para subir el agua a sus casas. ¿Cómo hacen para lavarse las manos, cuidarse?”, se pregunta ante Sur Capitalino Flavia Romero, integrante de la Junta. “Acá estamos amontonados, los cables pasan cerca de las ventanas y las casas. No queremos lamentar más muertes o que alguien pierda todas sus cosas en el fuego”.

Así se vive en este barrio de 64 manzanas y 70.000 habitantes pese a que en diciembre de 2018 el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad dejó firme la sentencia que obliga al Gobierno porteño a elaborar un “Proyecto Eléctrico Adecuado”. Fue la respuesta judicial al amparo presentado por las y los vecinos en 2010, con apoyo de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

El Gobierno porteño apeló en varias oportunidades, lo que extendió el proceso a lo largo de una década, casi 10.000 fojas y un final abierto, ya que a 20 meses de la sentencia no presentaron el plan de obras de la manera en que se pidió, señala la jueza Elena Liberatori, quien a fines de julio multó por esto al jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta con casi dos millones de pesos (1.990.000).

“El Gobierno incumple y eso repercute en las condiciones de vida de los vecinos, marcados por la emergencia eléctrica y la pandemia”, señala Felipe Mesel, abogado del Programa Derecho a la Ciudad de ACIJ. Tras la sentencia de 2018, el Gobierno elaboró un documento llamado “Plan de Intervención en el Barrio 21-24”. Pero ACIJ señaló que el plan no daba acabado cumplimiento a la sentencia. “Son soluciones parciales, obras paliativas”.

El abogado de las y los vecinos recuerda que en abril de 2018 durante una tormenta murió electrocutada Gilda Cañete de 45 años. Ocurrió en Tierra Amarilla, uno de los sectores más comprometidos en la 21-24. Hubo protestas y hasta un acampe frente al Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC). “Pensamos que Ciudad iba a activar la causa pero no fue así”, señaló Mesel.

Gustavo Moreno, asesor tutelar ante la Cámara porteña, coincide: “Hay un gran desinterés. Se cumple con lo formal, pero el plan de contingencia no está, pese a la sentencia firme”. Dice que junto a los cortes históricos se suman los problemas de baja tensión: “El gobierno paga la tensión y dice que demanda una mayor erogación”. Pese a lo técnico, sostiene que “la causa quedó vieja porque se tiene que discutir cómo urbanizar”.

Flavia, de la Junta Vecinal, reconoció que hubo “algunos avances, pero no lo que tendría que ser”. Sur Capitalino habló con voceros del IVC, quienes detallaron que están trabajando “en el relevamiento y la intervención de las viviendas de Tierra Amarilla, que es uno de los sectores que se encuentra actualmente con mayor riesgo eléctrico. Llevamos 700 viviendas relevadas y realizamos intervenciones en 53, de las cuales 44 están finalizadas y 9 se encuentran en ejecución”.

Las intervenciones, explican, consisten en la colocación de elementos de protección o la readecuación y/o reemplazo de la instalación eléctrica existente, para disminuir los riesgos a los que puedan estar expuestos sus habitantes.

La empresa Edesur lleva energía hasta las cámaras transformadoras, en los márgenes de las villas. El Gobierno porteño se encarga de que el servicio vaya desde las cámaras de distribución hasta las viviendas. La situación genera un pasamanos de responsabilidades. De hecho, ante Liberatori, la empresa se “desentendió de las conexiones internas del barrio”.

La Garganta Poderosa manifestó en un comunicado que dos meses atrás propuso “la previsión de generadores para evitar consecuencias peores, cuando llegara el invierno disfrazado de infierno”. No hubo respuestas. Flavia coincide: “Nos decían que a los generadores solo los iban a reponer cuando haya un caso que no se pueda solucionar”.

Tras la explosión de cinco de los siete transformadores y los más de 30 apagones, las y los vecinos se movilizaron hasta la Jefatura porteña, en Parque Patricios. La noche del 9 de julio hicieron una marcha de antorchas y lograron una reunión, al día siguiente, con autoridades de la Ciudad y la empresa Edesur. La Junta exigió “soluciones urgentes” y rechazó cualquier tipo de parche, también pidió el plan de obras que ordena el fallo judicial.

Luego de las protestas hubo menos cortes: “Llegamos a estar cinco días a oscuras. Edesur se comprometió a mejorar la situación con trabajos en la bajada de luz y las cámaras que abastecen a las manzanas. Lo hacen, pero lento”. Puntualizó trabajos en la cámara de Zavaleta que abastece a 15 manzanas.

Dentro de la villa, cuando hay problemas en los cables de los postes, debe intervenir la Unidad de Gestión e Intervención que depende del Ministerio de Desarrollo porteño. “La UGIS soluciona la accidentología, pero eso no implica que haya un plan de disminuir el riesgo eléctrico, tal como está plasmado en la sentencia del TSJ. Si hay una urbanización estos cables tienen que ser subterráneos, lo que reduce el peligro”, plantea Moreno.

En la resolución que impone la multa a Rodríguez Larreta, Liberatori reflexiona: “A mi modo de ver, la obligación por parte del GCBA de presentar un plan adecuado para el barrio y su ejecución conlleva tal magnitud de obras públicas de complejidad técnica que de hecho hasta deberían ser parte de una decisión macro como lo sería urbanizar el Barrio 21-24”.