En un solo pasaje, La Amistad, ubicado en el fondo de la Villa 21-24, en Barracas, Otilia, Ramona, David y Sofía cuentan haber perdido tres hornos eléctricos, un lavarropas, un microondas y una heladera. También aseguran que las lamparitas de sus casas se queman constantemente por los sucesivos cortes y fallas en el suministro eléctrico. 

El problema se agudiza durante los meses de invierno y verano. La Dirección General de Intervención y Emergencia Social del Instituto de Vivienda de la Ciudad tiene entre sus objetivos “asistir en situaciones de emergencia social, y organizar, ejecutar y supervisar las obras de solución, mejoramiento habitacional y mantenimiento del hábitat en villas y barrios vulnerables, integrándolos a la trama de la Ciudad a través de obras de construcción o autoconstrucción”. Sin embargo, cuando los vecinos trasladan sus reclamos a los trabajadores del organismo, suelen recibir otra respuesta: “Ustedes se conectan mal, con muchas líneas”. La responsabilidad, así, muchas veces termina recayendo sobre quienes padecen el problema.

Las fallas y los cortes no solo provocan daños en electrodomésticos y pérdidas económicas para familias que muchas veces no pueden afrontar su reposición. También implican un riesgo permanente para quienes viven en el barrio. Al momento de escribir este artículo, por ejemplo, en La Amistad no hay luz y los vecinos anticipan que el suministro puede interrumpirse varias veces durante el día.

A comienzos de 2025, el Gobierno presentó un proyecto sin cronograma de obras ni partidas presupuestarias para ejecutarlo.

Sofía, vecina del pasaje, cuenta que desde que llegó al barrio escucha hablar de la necesidad de que el Gobierno porteño garantice condiciones seguras en las instalaciones eléctricas. Quince años después, sostiene, la situación continúa sin resolverse. “Es de una indiferencia total y quienes ponemos el cuerpo somos nosotros, los vecinos”, expresó.

La situación tiene una larga historia judicial. En 2010, vecinos y vecinas, junto al Ministerio Público de la Defensa y ACIJ, iniciaron un amparo colectivo por el riesgo eléctrico. En 2013, la Justicia ordenó al Gobierno porteño implementar un Proyecto Eléctrico Adecuado. La sentencia quedó firme en 2018, luego del pronunciamiento del Tribunal Superior de la Ciudad. Desde entonces, según ACIJ, el Gobierno porteño incumple lo dispuesto.

“Desde ese año el GCBA está incumpliendo. Tanto desde ACIJ y la Defensoría, junto a los vecinos, se hace el esfuerzo para que se cumpla”, explica Guillermina Greco, coordinadora del Programa de Acceso a la Justicia de ACIJ.

En 2020, la Cámara de Apelaciones declaró en desacato al Gobierno porteño y estableció una multa diaria para el jefe de Gobierno, que finalmente nunca llegó a ejecutarse. Ahora, a fines de septiembre de 2026, un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario obliga al Gobierno de la Ciudad a incluir en el Presupuesto 2027 los fondos necesarios para ejecutar el Proyecto Eléctrico Adecuado para la Villa 21-24.

Los datos que gritan auxilio

Un relevamiento realizado en diciembre de 2024 por ACIJ, el Observatorio Villero de La Poderosa y la Fundación TEMAS dimensionó la magnitud del problema. El 93% de las viviendas relevadas presenta algún tipo de riesgo eléctrico en sus instalaciones internas.

Los cortes son parte de la vida cotidiana: nueve de cada diez hogares atravesaron interrupciones durante el último año y más de un tercio las sufrió al menos una vez por mes. Como el barrio no cuenta con red de gas natural, el 94% de las viviendas depende exclusivamente de la electricidad para calefaccionarse.

La precariedad también atraviesa la infraestructura. El 45% de los hogares tiene tendido eléctrico externo sin cañerías, el 25% utiliza materiales inadecuados y solo el 30% cuenta con instalaciones seguras. Apenas el 7% posee protección completa frente a descargas e incendios. En la red pública, solo el 3% de las ménsulas está en buen estado, mientras que el 64% está dañado, es improvisado o directamente no existe.

La última resolución judicial llegó después de que el Gobierno porteño presentara, a comienzos de 2025, un proyecto sin cronograma de obras ni partidas presupuestarias para ejecutarlo. El Presupuesto 2026 tampoco contempló recursos específicos y destinó a las políticas de vivienda una proporción presupuestaria entre las más bajas de los últimos 14 años.

Para Greco, el proyecto presentado por la Ciudad todavía tiene problemas vinculados con la medición de la demanda eléctrica del barrio, las etapas de implementación, los cronogramas y las acciones destinadas a disminuir el riesgo. La discusión del Presupuesto 2027 aparece ahora como una instancia clave para que el Gobierno porteño incluya los recursos necesarios y avance, finalmente, en el cumplimiento de una sentencia que lleva años pendiente.

Mientras tanto, en La Amistad y en el resto de la Villa 21-24, la falta de respuestas no es abstracta: se traduce en cortes, electrodomésticos quemados y una infraestructura que continúa poniendo en riesgo la vida cotidiana de sus habitantes.