Gilda Cañete vivía en la villa 21-24, más específicamente en el sector Tierra Amarilla. Tenía 37 años, era militante de la Corriente Villera y madre de siete hijos. Trabajaba en el barrio como recicladora recogiendo cartones y residuos. El 7 de abril de 2018 su vivienda y las de sus vecinos se inundaron -una vez más- tras una lluvia. Mientras sacaba el agua del pasillo recibió una descarga eléctrica y murió. La muerte de Gilda no fue consecuencia de la fatalidad del destino ni un descuido individual: se podía evitar. El Estado la podía evitar. Si incluyera a las villas y asentamientos en la trama urbana de la Ciudad. Si integrara a los barrios populares a ese mapa donde la seguridad eléctrica es parte de la infraestructura más básica. Si las empresas de electricidad garantizaran las condiciones de los tendidos eléctricos, las conexiones domiciliarias y el alumbrado público como en el resto del territorio porteño. 

Pero el Estado no está allí donde la desigualdad mata. Ni se preocupa por cumplir fallos judiciales que acumulan más de una década de polvo. Entonces, las viviendas de las villas se incendian; las familias que no tienen nada pierden todo; hay pibes que se electrocutan mientras juegan en una palangana a medio llenar; y mujeres que se mueren intentando que no se inunde el pasillo de su casa. 

Números

No hay que ser un técnico especializado ni un cráneo de la física. Con sólo caminar por la villa 21-24 y Zavaleta, es evidente la grave situación de riesgo eléctrico que sufren sus habitantes. Se ve en los postes tirados, en la maraña de cables que cuelgan por todo el barrio, en los empalmes que se multiplican dentro de las casas. También en los episodios que todos conocen en la villa, pero que, salvo excepciones, jamás son noticia para los medios masivos: descargas eléctricas, cortocircuitos, incendios, muertes.

“Tenemos que exigir las cosas básicas, como los transformadores, para que dejemos de vivir de este modo”. 

Y aunque no ve el que no quiere ver, el Observatorio Villero de La Poderosa, la Fundación TEMAS y la organización ACIJ decidieron realizar un relevamiento para visibilizar las condiciones de vida del barrio. Empecinados en torcer políticas de ausencia oficial, saben que, sin información pública, actualizada y construida con participación de la comunidad, es imposible que se impulsen acciones efectivas. Y los números hablan por sí solos: el 93% de las viviendas de la Villa 21-24 y Zavaleta están expuestas al riesgo eléctrico ya que no cuentan con instalaciones eléctricas intradomiciliarias seguras (por tipo de cableado, y existencia de dispositivos de protección de circuitos). Además, el 68% de las viviendas tiene filtraciones y el 75% humedad, lo que aumenta el peligro de contacto del agua con las instalaciones eléctricas.

“Nos parece fundamental que eso que vivimos llegue en formato de datos. No queremos solo quedarnos en el diagnóstico, es construir herramientas y después generar una transformación. Dicho mal y pronto, romper las pelotas donde corresponde para que el riesgo eléctrico deje de existir. Tenemos que exigir las cosas básicas, como los transformadores, para que dejemos de vivir de este modo”, explica Diego Mora, vecino de la villa 21-24 y economista del Observatorio Villero. 

La exigencia de la comunidad tiene largos años. En noviembre de 2010, vecinos y vecinas del barrio, el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad y ACIJ iniciaron una acción de amparo colectivo contra el Gobierno porteño para exigir un acceso adecuado y seguro a la electricidad. La demanda se basaba en un informe técnico del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) que demostraba la existencia de un riesgo eléctrico general, estructural e inminente, que ponía en peligro la vida, la salud y los derechos de los habitantes del barrio.

En 2013, el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario Nº 4, a cargo de la jueza Elena Liberatori hizo lugar a la acción de amparo y ordenó al Gobierno que elaborara un “Proyecto Eléctrico Adecuado” y así garantizar el acceso seguro a la electricidad. La sentencia fue confirmada por la Cámara de Apelaciones en 2016 y por el Tribunal Superior de Justicia en 2018. Le dieron un plazo de 45 días para la presentación del proyecto. Sin embargo, el Gobierno (los gobiernos) incumplió sistemáticamente su obligación durante más de una década.

Recién a comienzos de 2025, presentó un proyecto en el que señala que para bajar el riesgo hay que aumentar la oferta de suministro eléctrico. Esto implica la instalación de 28 transformadores, que permitan disminuir la sobrecarga, y mitigar oscilaciones y cortes de tensión. Sin embargo, el proyecto del gobierno no tiene plazos ni metas claras, tampoco incluye la participación comunitaria, no detalla los cronogramas de obras ni prevé partidas presupuestarias para ejecutarlas. O sea, la nada misma. O casi. 

“Trabajamos mucho sobre cómo medir -cuenta Paz Ochoteco de Fundación TEMAS, una de las organizaciones territoriales que trabajó en el relevamiento-. Muchas veces los datos que se tienen, los oficiales, del acceso del agua o a la energía eléctrica son medidos de manera muy superficial. Por lo tanto, invisibilizan los problemas. Porque no se trata solo de tener electricidad, prender la lamparita en la casa, es tener un disyuntor para proteger la vida de las personas, una térmica para que la casa no se prenda fuego”. Porque la electricidad en la villa 21-24 es, como para la mayoría de la humanidad, un recurso indispensable para la vida cotidiana. Pero sin la infraestructura necesaria se convierte, al mismo tiempo, en una fuente permanente de riesgo. 

¿Pero qué hacer para evitarlo sin siquiera información fidedigna? Ochoteco responde: "Calcular la demanda de energía para la Villa 21-24 es muy difícil cuando el gobierno maneja un censo poblacional distinto, que siempre ponen bajo discusión. Dicen que son 30 mil, pero sabemos que ya está más cerca de los 80 mil habitantes. Entonces, si la base de la población no es clara, ¿cómo sabemos cuántos transformadores necesitamos? ¿Cómo calcular la demanda? El Gobierno siempre pone la responsabilidad en la comunidad. Dice que todo explota porque el barrio usa mal la energía, porque tienen dos bajadas por casas. Pero la dependencia de la electricidad en el barrio es muy amplia. Muchas familias no tienen cocina a gas y usan directo el horno eléctrico, o la estufa eléctrica para calentarse en invierno”. Concretamente, según el relevamiento, el 94% de las viviendas que calefaccionan, lo hacen exclusivamente con electricidad, lo que muestra una dependencia crítica del sistema eléctrico, exacerbada por la inexistencia de red de gas natural. “El problema -sigue Ochoteco- no es que las familias usen mal la energía, el problema es que no hay los suficientes transformadores". 

Los responsables

Aunque, como dice Paz Ochoteco, los gobiernos siempre cargan la responsabilidad en los habitantes del barrio, el riesgo eléctrico es el resultado de decisiones y omisiones institucionales. Y en los barrios populares de la Ciudad es doble. Las empresas concesionarios -Edenor o Edesur- son responsables de proveer el suministro hasta los centros de transformación y de realizar las obras de distribución y mantenimiento hasta lo que llaman “subidas a poste”.  A diferencia de lo que ocurre en el resto de la ciudad, estas empresas no hacen los tendidos al interior de las villas y asentamientos ni tampoco ejecutan las conexiones domiciliarias. Ahí, la responsabilidad recae en el gobierno de Jorge Macri, a través del IVC, hoy a cargo de Leonardo Cóppola. Es entonces el Estado de la Ciudad el responsable de la planificación, ejecución 

y mantenimiento de la red de distribución interna que lleva la energía desde los postes hasta el interior de las viviendas. Y, obviamente también, de asegurar condiciones de seguridad para toda la población. Pero, como las obras en las villas brillan por su ausencia y no hay un sistema eléctrico regulado y mantenido por los organismos responsables, las familias se ven obligadas a resolver conexiones e instalaciones como pueden.  

Las consecuencias de todo esto, también quedaron reflejadas en el relevamiento de las organizaciones: el 92% de las viviendas ha sufrido cortes de suministro durante el último año, y el 36% refiere sufrir interrupciones al menos una vez por mes, producto de un servicio intermitente, inestable y sin garantías de seguridad. Así, el 28% de los hogares perdió electrodomésticos o herramientas de trabajo, y el 10% sufrió incendios producto de fallas en las conexiones eléctricas.