En la villa, lo sabemos bien quienes por estos lares vivimos, siempre que hay tormenta queda la cloaca rebalsada. Después de la “Tormenta Negra” de Jorge Macri, un operativo fascistoide contra la población que habitamos barrios precarios de la Ciudad, también quedó cloaca. Maloliente, violenta y, lamentablemente, naturalizada. Hace pocos días, cuando ya ese operativo había “terminado”, en Villa 20 y Ciudad Oculta los procedimientos continuaron con su agresividad.

En la Villa 31 todavía escuchamos que desalojan feriantes y le roban las herramientas a los cartoneros. En este instante en que escribo, en Villa Zavaleta, sobre la Av. Iriarte, estaban desalojando puestos de verdulería históricos, llevándose carros y verdugueando vecinos. ¿Qué digo? La Tormenta Negra no fue un hecho aislado, con inicio y con fin. Es, en realidad, el inicio de una política propagandística que nos tiene a los villeros como rehenes de la mano dura y las cámaras de la televisión. Con plena complicidad judicial.

Este hecho no parece haber dejado una sensación de mayor seguridad en los barrios populares porteños. Por el contrario, entre referentes sociales, vecinos y organizaciones comunitarias emerge una lectura común: la de un operativo que, más que combatir delitos complejos, buscó exhibir autoridad sobre sectores históricamente estigmatizados. 

Tormenta Negra no fue un hecho con inicio y fin. En este instante, en Villa Zavaleta están desalojando puestos de verdulería históricos, llevándose carros y verdugueando vecinos.

En Barrio Fátima, en Villa Soldati, Nadia Aguilera cuestiona la lógica detrás de los despliegues. Recuerda ingresos masivos de fuerzas de seguridad que, según relata, pedían documentos a trabajadores que regresaban de sus jornadas laborales y clausuraban emprendimientos barriales como la gastronómica “Che, qué rico”. "¿Buscaron narcos o buscaban amedrentar a un sector de la población?", se pregunta. Para Nadia, la concepción de seguridad que impulsa Jorge Macri es reducida porque se limita al control y no aborda problemas estructurales como el trabajo, la educación, la salud o la violencia institucional. "No queremos que gestione el miedo y la miseria", resume.

Pero así como ella, hay voces opuestas. La de los vecinos que sin pronunciarse mucho en los medios opinan que el operativo de Macri sí fue positivo y sí es necesario repetirlo en los barrios. El verdadero trabajo, la verdadera pregunta, está en estos casos donde el discurso de odio caló tanto que logró la aceptación de quienes son víctimas de este ataque.

Desde la Villa 21-24, Lucas Bogado también describe un clima de intimidación. Nacido y criado en el barrio, señala que basta recorrer sus calles de madrugada para encontrar a cientos de personas que salen a trabajar. Por eso rechaza la imagen de peligrosidad asociada al territorio. Según cuenta, durante los operativos la Policía los amenazó con que debían pedir autorización para realizar ollas populares. "Instalaron un miedo, fue angustiante", asegura. Bogado destaca además un dato que considera significativo: vecinos mayores le manifestaron que ni siquiera durante experiencias de fuerte intervención policial en el pasado habían visto un despliegue similar. "Nunca visto en democracia", repite.

Y, de hecho, hacia inicios de junio el Gobierno de la Ciudad llevó adelante algo similar a la Tormenta Negra. Lo llamó “Operativo Muro” y, según anunció Macri, se repetirá. Y el avance agresivo en las villas también. Datos oficiales de este “muro” expresaron que hubo más de 70 puntos de control simultáneo en accesos del conurbano hacia CABA. Detuvieron 4 personas, entre ellas un abusador sexual con pedido de captura. Hubo 9 personas imputadas por patentes adulteradas, documentación falsa y estupefacientes; y 484 vehículos retirados de las calles. “Si del otro lado reina el caos, vamos a ser un muro contra la barbarie”, dijo el Jefe de Gobierno. Con un gran acento en distinguir “ciudadanos de bien” de los “delincuentes”.

La percepción de que existe una construcción deliberada de la división social también aparece en el Barrio Mugica, ex Villa 31 y 31 Bis. Allí, María Muñoz interpreta la Tormenta Negra como parte de una narrativa más amplia que se viene desarrollando desde hace meses mediante clausuras de comercios, controles sobre cartoneros y operativos de ordenamiento urbano. En su mirada, el discurso oficial profundiza la distancia entre habitantes de distintos sectores de la Ciudad al presentar a migrantes y vecinos de barrios populares como ciudadanos problemáticos. "Cada vez más se agranda esa grieta que hay entre los ciudadanos", advierte.

La crítica trasciende incluso a los referentes territoriales. Durante una misa realizada en homenaje al Padre Carlos Mugica, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, ofreció una definición. Para García Cuerva, la verdadera "tormenta negra" no está en los barrios sino en problemas estructurales que llevan décadas afectándolos: el narcotráfico, la falta de trabajo, la ausencia del Estado y la falta de oportunidades para los jóvenes. "Eso es tormenta negra y hace décadas que lo sufren nuestros barrios", sostuvo.

Los datos de la inseguridad

Según el propio Gobierno de la Ciudad, la seguridad constituye uno de los ejes centrales de la gestión de Jorge Macri y concentra alrededor del 15% del presupuesto porteño. Sin embargo, el proyecto de Presupuesto 2026 presentado por el Ejecutivo encendió cuestionamientos por los recortes previstos en áreas clave de ese sistema.

En octubre de 2025, el Observatorio Económico de la Ciudad del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advirtió que la propuesta oficial contemplaba una reducción de recursos para la Policía de la Ciudad y para organismos vinculados a la formación de agentes, la respuesta ante emergencias y la asistencia frente a catástrofes.

De acuerdo con ese análisis, la partida destinada a la Policía de la Ciudad proyectaba una caída real del 19,5% respecto de 2025, mientras que el Instituto Superior de Seguridad Pública también registraba una reducción significativa. A su vez, el presupuesto destinado al Cuerpo de Bomberos mostraba una baja proyectada del 36,4%, Defensa Civil del 29% y la Guardia de Auxilio y Emergencias del 26%.

Si bien durante el tratamiento legislativo hubo modificaciones al proyecto original, no existen registros públicos que indiquen que esos recortes hayan sido revertidos de manera sustancial. Por eso, los datos del CEPA continúan siendo una referencia para analizar las prioridades presupuestarias que el Gobierno porteño fijó para el área de Seguridad en 2026.

Mientras tipeamos estos párrafos, la hipocresía se siente en los barrios de manera directa. Hacia fines de mayo, quince días después del nefasto operativo de Tormenta Negra, el Gobierno, utilizando a empleados de Espacio Público, desalojó un histórico cuartel de bomberos en la Villa 31, ubicado justo frente al Ministerio de Educación de la Ciudad. Mientras sostienen que la Seguridad de las y los vecinos de las villas es prioridad, se quita justamente el dispositivo que atiende los incendios urgentes en nuestros barrios.

Según el informe "Desocupaciones y desalojos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", elaborado en mayo por la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público de la Defensa, entre el 12 de diciembre de 2023 y el 5 de marzo de 2026 se registraron 621 desalojos en territorio porteño. Los datos, obtenidos a partir de información suministrada por el propio Gobierno de la Ciudad, indican que las medidas afectaron a 1.135 familias y a un total de 4.482 personas.

Señalan el creciente protagonismo de la Jefatura de Gabinete porteña en la activación de inspecciones realizadas por la Guardia de Auxilio. De acuerdo con los datos recopilados por los organismos, durante 2026 la Jefatura intervino en el 33% de los casos analizados. Para la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público de la Defensa, esta participación creciente abre interrogantes acerca de si las intervenciones responden exclusivamente a criterios técnicos vinculados a la seguridad edilicia o si existen otros factores que inciden en la decisión de avanzar con los procedimientos. En el interín, desalojan a mansalva sin registros claros y sin ningún tipo de solución real para las familias que dejan en la calle.

La línea transversal, donde más ajuste hay, es en las políticas de viviendas. Por eso Macri ataca los hogares colectivos, las viviendas ociosas y las viviendas precarias de los barrios populares. Hoy más que nunca, prestar atención y denunciar este olor a “erradicación” es la tarea.