La marcha se realiza todos los años la marcha para “visibilizar y denunciar los abusos de autoridad, la violencia institucional y las políticas de represión de las cuales somos víctimas por nuestra apariencia”, contaron los organizadores.  Este año ocupó la traza de la Avenida de Mayo desde el Obelisco hasta Congreso, en un contexto de conmoción por el asesinato del adolescente Lucas González por parte de efectivos de la Policía de la Ciudad.

Según estadísticas de CORREPI, la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional, desde que se creó la Policía de la Ciudad -en 2016- la cantidad de casos de gatillo fácil por parte de esa fuerza suma 121 víctimas. En este último año, si bien el informe no está completo, se observó que hay por lo menos una decena de situaciones similares.

“Vivir en un barrio popular, trabajar en la vía pública, ser racializadx, disidente o pibx no son delitos. Las fuerzas de seguridad criminalizan nuestras existencias, nos estigmatizan y consideran una amenaza con solo vernos, con solo estar”, denunciaron. “No existe determinismo social válido para suprimir nuestros derechos humanos”, advirtieron.

Entre los múltiples informes que emitió CORREPI a lo largo de los años, se supo que, por ejemplo, en 2019 - a tan solo 36 meses de su creación- hubo 68 personas que fueron víctimas del gatillo fácil. Los números, se contrastaron además con la Secretaría Letrada contra la Violencia institucional.

En estas últimas semanas se conoció que la Secretaría Letrada contra la Violencia Institucional, que depende del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad, recibió 290 casos con indicios de violencia institucional, lo que significa un promedio mensual de 97 hechos.

En el 75% hubo indicios de violencia física, en el 28% de violencia psicológica y en el 31% de otros tipos de violencia (discriminación, condiciones materiales de detención, falta de información, robo, irregularidades procesales, etc.).

Con pancartas y consignas como “Justicia x Lucas” y “Basta de Genocidio, la policía es responsable”, las columnas avanzaron hasta llegar a Plaza Congreso, donde las organizaciones leyeron un documento común titulado “Violencia institucional, nunca más. Seguridad es trabajo y educación”.

“Los medios de comunicación dominantes, bancados por el macrismo, levantan un discurso de odio e intentan instalar que nosotros somos el problema de inseguridad. Cualquier hecho de violencia es usada para pedir mano dura, cárcel para les pibes, palos y balas. Pero quienes padecemos esa violencia sabemos que esa no es la salida, que las fuerzas de seguridad no te cuidan, que sólo garantizan el manejo de los negocios de la droga, los robos y la trata”, denunciaron en uno de los párrafos.

“La seguridad de la que hablan, que aclama más policías o gendarmes en los barrios, es la que nos mata un pibe cada 20 horas”, advirtieron y mencionaron casos de “violencia policial” de todo el país que tuvieron como víctimas a Luciano Arruga, Facundo Astudillo Castro, Lautaro Rosé, Facundo Scalzo, Richard Gómez, Alejandro Arenas, Franco Cardozo y Magalí Morales.

También reclamaron el tratamiento urgente del proyecto de ley de abordaje contra la violencia institucional que se presentó en el Congreso y pidieron cumplir con el fallo Bulacio, emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que prohíbe a la Policía deje detener arbitrariamente; usar armas reglamentarias fuera del horario de servicio; que haya condenas a los responsables de gatillo fácil; que el Estado no defienda a los asesinos y en cambio brinde asistencia a las familias de las víctimas.