El MPD solicitó al Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 30, el cese de la medida restrictiva que se aplicó a todes les detenides del 1 y 2 de febrero. En el escrito, señalan que la medida fue impuesta a les defendides cuando se encontraban privades de su libertad y como condición para recuperarla.  Si bien lo pidieron para todos les detenides, se logró que la medida sea retirada a una de las personas procesadas.

En aquel momento, la Fiscalía había informado a las personas detenidas que el incumplimiento de las medidas “acarrearía la imputación del delito de desobediencia y la solicitud de su detención”. En otros casos indicó que, frente al incumplimiento, se solicitaría “la rebeldía, la captura y cuando lo encuentren la prisión preventiva”. 

No obstante ello, tal como afirmó el MPD, estas medidas no responden a la existencia de ningún riesgo procesal, ni peligro de fuga y/o entorpecimiento del proceso, ya que la posibilidad de que las personas se acerquen al Congreso de ninguna forma implica un riesgo para la investigación penal seguida en su contra, sino que, únicamente cobra sentido si el objetivo es cercenar el derecho constitucional a la libertad de expresión y reunión.

La presentación destacó, en primer lugar, que “en las manifestaciones del 1 y 2 de febrero no existieron hechos de violencia por parte de los manifestantes, sino que la violencia fue generada por el desmesurado despliegue policial”. “En segundo lugar, que la criminalización de la protesta mediante el uso indebido del derecho penal tiene como pretensión perseguir a quienes participan en las movilizaciones a los fines de disciplinar al conjunto”, agrega.

Y finalmente, advirtió sobre “la utilización del Poder Judicial como medio para restringir, mediante la aplicación de una medida restrictiva, el legítimo derecho de los ciudadanos a peticionar a las autoridades y manifestarse pacíficamente”.

 

Así, se solicitó que se fijen nuevas audiencias a los fines de plantear que se dejen sin efecto las medidas restrictivas impuestas, ya que alteran derechos constitucionales y garantías individuales en juego, tales como el derecho de reunión pacífica, la libertad de expresión, el derecho a la libre asociación, el derecho de peticionar a las autoridades, el derecho a la libre circulación y a la libertad ambulatoria, el debido proceso legal, el principio de legalidad y de no discriminación.