“Fue sobre Osvaldo Cruz, cuando me vieron salir del barrio me persiguieron 4 cuadras. Me atravesaron el auto y bajaron cinco civiles, cuatro hombres y una mujer, con un arma desenfundada en la mano cada uno. Me dijeron que eran de ‘prevención’. No tenían orden ni nada, yo tenía el baúl lleno de ollas y reaccioné muy bruscamente sabiendo lo que no pueden hacer. Pero en los casos en los que los pibes se asustan, cagaste. Les meten miedo o un tiro”.

La que habla es una militante de una organización social que trabaja en la villa 21-24. Hace unos años, la brigada de la policía de la Ciudad la siguió y le cruzó el auto cuando salía del barrio, igual que el 17 de noviembre le pasó a Lucas González y sus amigos cuando venían de entrenar en Barracas Central. En este caso los policías de civil no dispararon y ella está viva. Pero el modo de operar clandestino e ilegal fue el mismo. Y quienes viven en las villas del sur porteño lo sufren a diario, sobre todo si son varones, jóvenes y pobres.

La impunidad con la que actúan los policías de la fuerza porteña es tal, que por lo general lo hacen a plena luz del día. La mayoría de las veces no termina con personas asesinadas, pero sí heridas, torturadas, verdugueadas o con causas armadas. O todo eso junto.

La Policía de la Ciudad desembarcó con todo en la villa de Barracas a principios de este año, cuando la Prefectura fue retirada de la zona tras 10 años del Operativo Cinturón Sur. Durante años, las dos fuerzas compartieron territorio. Vecines e integrantes de organizaciones del barrio coinciden en que en los cuatro años de macrismo, la represión y la violencia avanzaron sin límites. Fue en septiembre de 2016, a menos de un año de la asunción del empresario como presidente, que seis agentes de la Prefectura secuestraron, torturaron y les robaron a dos jóvenes de la 21-24, Iván y Ezequiel, miembros del colectivo La Garganta Poderosa. Obviamente no fueron los únicos casos, pero sí uno de los pocos que las víctimas se animaron a denunciar, sabiendo todas las represalias que se podían venir (y que efectivamente vinieron).

Con la asunción del gobierno de Alberto Fernández, y la gestión de Sabina Frederic al frente del Ministerio de Seguridad, la Prefectura tomó una actitud casi contraria: la inacción. Así fue durante todo el 2020 hasta que, finalmente, Cinturón Sur abandonó la zona a principios de este año. Desde entonces, la Policía de la Ciudad tiene el control de todo. Y todo implica también recaudar, apretar, extorsionar. En el caso de las brigadas, “sus procedimientos son más irregulares”, describe otro vecino que conoce su accionar y que le recuerda a la forma de actuar de los grupos de tareas de la dictadura.

Según pudo reconstruir Sur Capitalino, quienes conforman las brigadas son irreconocibles a simple vista: andan con autos sin identificación (como el Nissan Tiida color champagne que persiguió a Lucas), a veces con motos enduro, no usan uniforme ni ninguna identificación. También se camuflan como vendedores de espejos o de ajo, y así circulan por calles y pasillos. Hasta hace un tiempo, manejaban unas camionetas utilitarias blancas, tipo Kangoo, que tenían patentes consecutivas (ver foto en esta nota).

La falta de uniforme e identificación de quienes forman las brigadas de investigación y prevención se escuda en la ley 5688 de Seguridad Pública que lo permite, pero también lo limita. En teoría siguen órdenes de jueces y fiscales en causas judiciales específicas, aunque también realizan tareas de prevención de delitos como robo o narcomenudeo. Ahí la posibilidad de controlar su accionar desaparece por completo y crece la ilegalidad que puede terminar en asesinatos como el de Lucas. De hecho, cuando los tres policías acusados de matar al adolescente de Varela se defendieron ante el juez, dijeron que una supuesta causa judicial los habilitaba a "merodear" la villa 21-24 en busca de "narcos o delincuentes", pero la orden había caído el 15 de noviembre, dos días antes del asesinato de Lucas.

En este caso la declaración de los amigos de Lucas que sobrevivieron a los balazos, terminaron por demoler la versión del sumario de los acusados y el resto de los policías de uniforme que encubrieron la maniobra delictiva (plantaron un arma de juguete, colaboraron en la mentira de la persecución y el tiroteo, detuvieron a Lucas con una bala en la cabeza y a sus amigos). Pero la mayoría de las veces esto no es posible. Porque no hay sobrevivientes, porque los que hay tienen miedo y no hablan o porque si lo hacen, no son escuchados por el poder judicial.

Según el secretario de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, cada una de las 15 comunas de la ciudad cuenta con una brigada, aunque no informó cuántos de los 26.500 agentes las conforman. Sin embargo, en los barrios del centro y norte no se conocen casos de policías de civil cruzando un auto sin identificación a cualquiera que pasa. La mayoría de las denuncias (que sólo son una pequeña muestra porque nadie se atreve a denunciar por obvias razones) provienen del sur y más específicamente son casos que ocurrieron en villas o en sus alrededores. Pero en barrios populares, como La Boca, la brigada también circula, y con la zona liberada, pasa a recaudar. Lo hacen porque pueden: porque el poder político las habilita y porque el protocolo de actuación brilla por su oscuridad. Y por la impunidad que les da saber que en el 99% de los casos nadie los denuncia. “Los amenazan, los amenazan bien jodido, con fotos de la familia, de los amigos, son tipos muy complicados”, reconoce la mujer a quien apuntaron entre cinco por llevar ollas en un baúl. Cuando ella les pidió a los policías de la brigada que guarden las armas, uno le respondió: “si tengo un fierro y no lo uso, ¿para qué lo tengo?”

Las muertes por supuestos enfrentamientos en la villa son moneda común. Pero por lo general, nadie sabe si los enfrentamientos son reales o meros disfraces. Las personas muertas viven en el barrio, los que disparan no se sabe quiénes son. No llevan uniforme y los métodos se parecen a los que usan las brigadas.

Para protegerse de los abusos policiales, en el barrio empezaron a colocar cámaras en comercios y viviendas.

“Lo que hay que entender es que quienes integran las brigadas son policías a quienes se les asignó un determinado rol, es decir son parte de la misma fuerza, actúan dentro de la misma fuerza y en conjunto con los que sí tienen uniforme, tan sólo por habérseles asignado un rol diferente”, reflexiona un integrante de La Poderosa. Y en el caso de Lucas, así se confirma: los tres policías que iban en el Nissan tienen vasta experiencia dentro de las fuerzas policiales. Dos de ellos fueron policías federales y el tercero, bonaerense. Los tres, además, ya habían pasado por distintas áreas de la institución porteña antes de ser parte de esa brigada. Otro dato que descarta la hipótesis de la manzana podrida que busca instalar D’Alessandro por orden de Larreta, es que, aunque los policías de la brigada fueron los que dispararon y mataron a Lucas, no actuaron solos. Al menos otros seis, de otras áreas de la fuerza que sí llevan uniforme, embarraron la cancha para encubrir a sus compañeros.

No son policías sueltos que se exceden en sus funciones, ese encapsulamiento es un discurso que esconde las responsabilidades de todo un sistema que facilita la discrecionalidad, el racismo policial y la recaudación ilegal.