Hasta el jueves 18 de noviembre al mediodía, el caso que terminó con la vida de Lucas González, el pibe de 17 años asesinado por integrantes de la Policía de la Ciudad en Barracas, era un “enfrentamiento” luego de una huida de parte de los “sospechosos” que no respondieron la voz de alto. Pero ese relato no es nada nuevo: se trata de la narrativa que utilizan las fuerzas policiales al presentar los casos de gatillo fácil, con el fin de ocultar su responsabilidad en el cumplimiento de su deber.

En el sur porteño, esa descripción de los hechos se hizo presente en varias oportunidades. La Boca y Barracas fueron terreno de varios casos de gatillo fácil en el tiempo reciente, con la fuerza del Gobierno de la Ciudad (antes Policía Metropolitana y hoy Policía de la Ciudad interviniendo) aportando así a los 121 asesinatos que acumula en sus cinco años de vida.

El 9 de noviembre de 2015, Lucas Cabello, vecino de La Boca y cuidador de autos en restaurantes de la zona, fue atacado en la puerta de su casa frente a su hija de 2 años y su mujer por un efectivo de la entonces Policía Metropolitana, de nombre Ricardo Ayala. El efectivo actuó a quemarropa, lo fusiló con un tiro en el piso y dejó al joven con heridas gravísimas, que lo dejaron en silla de ruedas. 

Repitiendo este modus operandi de modificar la presentación de los hechos, el Gobierno de la Ciudad aseguró entonces que Lucas había incumplido una orden de restricción al hogar por haber cometido previamente violencia de género. La versión también señalaba que Lucas estaba armado. Nada de eso había pasado. No había botón antipánico ni pistola. Sólo una discusión y un sanguche en la mano de Lucas. 

La familia, sus amigos, y el propio Lucas, sobreviviente, empezaron una lucha para llevar ante los Tribunales el caso. En enero del 2017, la Cámara Nacional de Apelaciones reconoció que el intento de homicidio de Ayala a Lucas Cabello representó “una grave violación a los derechos humanos” y revirtió la actuación del juez Osvaldo Rappa, que había calificado el hecho como “exceso en legítima defensa”. Finalmente, el efectivo, que siguió cumpliendo funciones en la Policía de la Ciudad y esperó el juicio en libertad, fue condenado a 16 años de prisión por “intento de homicidio agravado por el uso de arma y por su condición de funcionario policial”. El fallo no está firme por lo que sigue en libertad. Y aunque tiene una restricción de acercarse a la casa de Lucas, él y su familia se lo cruzaron a dos cuadras hace unos meses.

El 15 de julio de 2017, en tanto, Cristian “Paragüita” Toledo volvía de bailar con amigos (Dani y Carlitos), vecinos de la Villa 21-24 de Barracas. En Vélez Sársfield y Austria discutieron por una situación del tránsito con Adrián Otero, un bombero integrante de la Policía de la Ciudad que manejaba otro vehículo. Decidió perseguirlos a los tiros, siete en total. La versión oficial (intento de robo y la defensa por parte del policía), tuvo resultado en el comienzo, ya que los amigos fueron detenidos y maltratados por los policías, que ni quisieron pidieron la ambulancia para salvar a un Cristian que se desangraba.

Pero otra vez la rápida intervención de vecinos, que informados del caso se acercaron para controlar que no se alteraran las pruebas, permitió que pueda caer ese relato: Otero no tenía ni un rasguño, y en su auto hallaron las vainas servidas. Los amigos no estaban armados. El asesino de “Paraguita”, quien tenía 25 años y era trabajador en una ferretería de Barracas, fue condenado en 2018 a prisión perpetua por homicidio agravado por la portación de arma de fuego y su pertenencia a una fuerza de seguridad.

En diciembre de 2017 llegaría el más renombrado de los últimos años, cuando Luis Chocobar fusiló por la espalda a Juan Pablo Kukok, de 18 años, en La Boca. El adolescente asesinado intentaba huir luego de robarle a un turista estadounidense, y portaba un cuchillo. El caso fue tomado por el macrismo como emblema de la defensa de la “mano dura” y la ejecución sumaria ante los episodios de robo, y el propio presidente y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lo recibieron en Casa Rosada.

Chocobar, agente de la Policía de Avellaneda, fue condenado a dos años y medio de prisión en suspenso en 2021. También había sido acribillado por la espalda tras no frenar en un control vehicular en 2018, Cristopher Rego, de 26 años. Este hecho se dio en Parque Patricios, y fue perpetrado por Pablo Miguel Brites, cuando la Prefectura tenía asignadas funciones en los barrios del Sur. El efectivo fue condenado a perpetua.

El más reciente de los episodios fue el de Nahuel Acosta, fusilado de un tiro en la nuca el 7 de diciembre de 2019 cerca de la estación Barracas. Este adolescente de 18 años estaba escapando tras intentar robarle a Daniel Alejandro Lucero Quiroga, un oficial de la Policía de la Ciudad. Sin voz de alto ni buscar detenerlo, le disparó desde atrás, en la nuca. La fuerza policial buscó presentarlo como “tiroteo”, pero en la escena hubo un solo tiro, el que provino por parte del efectivo. A Nahuel no le encontraron ningún arma cuando lo revisaron, ya fallecido.

En todos los casos, los miembros de las fuerzas usaron la violencia extrema y desmedida contra pibes pobres de barrios del sur, cuando la forma de resolución podría haber sido otra no letal. Los muertos suman cientos, pero las estadísticas son de los organismos de derechos humanos porque el Gobierno de la Ciudad, a pesar de que una normativa se lo ordena, no informa los números sobre la violencia que aplican sus fuerzas.