En la madrugada del 1 de diciembre, un hombre internado en el Hospital Neuropsiquiátrico Borda murió como consecuencia de los golpes que le dio otra persona internada en el mismo servicio. Así lo denunció el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que advirtió, además, que "según el relato de otros usuarios que se encontraban en el lugar y que al escuchar los golpes corrieron rápidamente a pedir ayuda, no había personal de enfermería en el servicio para atender la gravísima situación y ningune trabajadore acudió a brindar asistencia". 

El hombre tenía 41 años y era una persona sorda. Su muerte podría haberse evitado si el Estado hubiera cumplido su obligación de generar medidas de no repetición, ante casos anteriores como el de Jorge Marcheggiano, atacado por una jauría de perros en mayo del año pasado en ese mismo hospital.   

La ley determina que el porcentaje del presupuesto de salud que debe destinarse a salud mental es del 10%, sin embargo para 2022 está previsto que sólo sea del 1,48%. 

"Las personas encerradas en manicomios públicos como el Borda se encuentran bajo tutela estatal y, por lo tanto, el deber de cuidado es una obligación irrenunciable. Las autoridades públicas y las del Hospital Borda son responsables por este gravísimo hecho que deberá investigarse de acuerdo a los estándares del Órgano de Revisión Nacional sobre las muertes ocurridas en contexto de encierro psiquiátrico", señalaron desde el organismo de derechos humanos.