Este 17 de enero se cumplen dos meses del acribillamiento del adolescente Lucas González en Barracas, por parte de miembros de la Policía de la Ciudad. La actuación sin ningún tipo de identificación de los integrantes de la fuerza porteña y la rápida denuncia de familiares y amigues, lo hicieron otro emblema del gatillo fácil y pusieron en debate la legitimidad que las autoridades civiles le brindan a la fuerza policial en cuanto al uso de armas de fuego. Como así también el funcionamiento violento, racista y recaudador de las brigadas que son parte de la Policía porteña.

En ese marco, avanza la causa judicial, y pese a la feria vigente en el primer mes del año, se conocieron novedades pasadas las fiestas. En un fallo de 17 páginas, la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional porteña, integrada por los jueces Alberto Seijas, Julio Lucini y Mariano Scotto, ratificó el procesamiento de cuatro policías y dictó la falta de mérito de otras dos acusadas.

El subcomisario Roberto Orlando Inca, el principal Héctor Claudio Cuevas, el comisario Fabián Alberto Du Santos y el subcomisario Juan Horacio Romero mantuvieron la acusación vigente en su contra por encubrimiento agravado, por lo que llegarán procesados al momento en que se realice el juicio oral y público.

La Cámara determinó que “es posible sostener, prima facie, la responsabilidad de Inca, Cuevas, Du Santos y Romero en los hechos, pues su actuación se enderezó con un claro rumbo a la alteración de la escena del crimen y con el preciso objetivo de encubrir el delito cometido, ayudando de ese modo a sus protagonistas a eludir la ley”.

Por haber cometido el crimen, estaban ya con procesamiento confirmado los oficiales Gabriel Isassi, Juan Nieva y Fabián López, por el homicidio de Lucas González y por las tentativas en perjuicio de los tres amigos que viajaban con él en el auto.

Las pruebas han permitido validar la hipótesis más verosímil, que plantea que los adolescentes creyeron que los policías eran ladrones que iban a robarles, por lo que huyeron del lugar. De inmediato, los oficiales empezaron a efectuar disparos desde distintos ángulos: cinco de ellos impactaron contra el vehículo y uno de ellos, el fatal, en la cabeza de Lucas. Lo hicieron en un vehículo Nissan Tiida no identificable como móvil policial, vestidos de civil y sin emitir voz de alto ni exteriorizar su pertenencia a la Policía de la Ciudad.

La pericia clave, conocida a principios de enero por parte de la División Análisis de Residuos de Disparo de la Policía Federal, mostró que Iassi Nieva y López tenían rastros de haber efectuados los disparos que causaron la muerte. Como no podrá conocerse quién efectivamente hizo el disparo mortal, el informe técnico suma pruebas para avanzar con la idea de “coautoría” del asesinato, que fija la misma pena para los tres intervinientes: homicidio agravado.

El fallo de la Sala IV, por su parte, dejó novedades para otras de las policías procesadas semanas después del hecho. Se trata de  Lorena Paola Miño y Micaela Soledad Fariña, las primeras en intervenir ante el pedido de ayuda por parte de Lucas y sus amigos.

Los jueces consideraron que “no se vislumbra ni ha sido ponderado ni alegado por las partes, la existencia de una comunicación que las relacione con el despliegue realizado por sus coimputados, ni que permita afirmar que hayan tenido el conocimiento que ellos sí tenían de que no había ocurrido un enfrentamiento armado como se había informado instantes antes”.

Ante esta situación, dictaron la falta de mérito para procesarlas o sobreseerlas, de manera que quedaron en libertad. En la decisión influyó el planteo de la defensa de las policías, que sostuvo que su actuación se ajustó al cumplimiento de su deber, en lo que a la aprehensión inicial de los adolescentes refiere, y que su siguiente acto en la escena fue hacer lo necesario para resguardar el perímetro del crimen.